martes, 30 de septiembre de 2014

Tema 37 Procesal Penal.



TEMA 37: COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL EN LA UE. EL PRINCIPIO DE RECONOCIMIENTO MUTUO Y SU DESARROLLO. LA ORDEN EUROEPA DE ENTREGA Y DETENCIÓN. GARANTÍAS PROCESALES.


37.1. COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL EN LA UE.  ((CJP)
CONSIDERACIONES GENERALES: Las relaciones políticas y económicas de la UE obligan a reconocer actuaciones de CJP respecto 3 TIPOS DE INFRACCIONES:
·         Las INFRACCIONES CONTRA BJ DE LA UE que trascienden del interés punitivo de cada Estado y requieren una protección y una respuesta en el ámbito europeo.

·         Las INFRACCIONES TRANSNACIONALES, esto es, delitos que se cometen en el territorio de varios Estados/ repercute en un ámbito geográfico más amplio que el de las fronteras de un Estado.

·         DELITOS COMETIDOS EN UN ESTADO, pero que [por razón de la persona del imputado/ de la víctima/ de los elementos o piezas de convicción, de la obtención de elementos de obtención y prueba] deben realizarse actuaciones en otro Estado con el fin de lograr el éxito en el ejercicio de la punición de la conducta.



DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE CJP
-TRATADO DE AMSTERDAM 1997: contempla por primera vez la construcción de un espacio de libertad, seguridad y justicia.
Tiene por objetivo reforzar la cooperación policial y judicial para evitar la impunidad e inseguridad ciudadana.
 Incorpora un nuevo instrumento: la DECISIÓN MARCO.


- Las previsiones anteriores resultaron insuficientes, pues las decisiones marco requerían unanimidad en el ámbito del Consejo  dificultando su adopción y además sólo vinculaban a los estados en cuanto a sus resultados. De ahí que en los CONSEJOS EUROPEOS DE CARDIFF (1998) Y TAMPERE (1999) se consagrara el principio de RM (que serviría de base para la construcción del espacio de libertad, seguridad y justicia.)


- Con el TRATADO DE LISBOA (2007) desapareció el antiguo Tratado de la Comunidad Europea y se sustituyó por el Tratado de Funcionamiento de la UE, manteniéndose el Tratado de la UE, con un nuevo contenido.
·         La COOPERACIÓN PENAL ha pasado a formar parte de la 3ª Parte del TFUE “Políticas y acciones internas de la Unión”.
·         La COOPERACIÓN JUDICIAL en materia penal pasa a integrar el Capítulo 4 del Título IV “Espacio de Seguridad y Justicia”.  Se regirá por las normas relativas al procedimiento legislativo ordinario cuyos instrumentos son los reglamentos, las directivas, las decisiones, las recomendaciones y los dictámenes. El Tribunal de Justicia ostenta competencia plena.



INSTRUMENTOS PARA LA ASISTENCIA JUDICIAL:

- 1: CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DEL ACUERDO SCHENGEN (CAAS):
GESTACIÓN: Inicialmente firmaron el Acuerdo de Schengen y el CAAS para eliminar progresivamente los controles de las fronteras comunes y establecer un régimen de libre circulación de personas:
·         Alemania,
·         Bélgica,
·         Francia,
·         Holanda
·         y Luxemburgo

A estos instrumentos se incorporaron:
*Italia 1990
*España y Portugal 1991
*Grecia 1992
*Austria 1995
*Finlandia, Suecia y Dinamarca (este con especialidades) en 1996
*Islandia y Noruega ese mismo año
*Suiza 2008
*Liechtenstein 2009
*Irlanda y reino Unido participan sólo de forma restringida en la aplicación de estos instrumentos.
De este modo se instauró la libre circulación de personas, mercancías, servicios  y capitales.


ACERVO SCHENGEN: El Acuerdo, el Convenio, las normas adoptadas sobre la base de ambos textos y los acuerdos conexos constituyen el ACERVO DE SCHENGEN, que desde 1999 está integrado en el marco institucional y jurídico de la UE nvd un Protocolo anexo al Tratado de Amsterdam.

Regula la cooperación policial, la investigación de delitos, la vigilancia transfronteriza, la persecución en caliente, el principio non  bis in idem  y la asistencia en materia penal (para completar el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en materia penal 20 abril 1959).


- 2: CONVENIO 29 MAYO 2000 DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL: pretende fomentar la ayuda mutua entre autoridades judiciales, policiales y aduaneras completando el Convenio del consejo de Europa de 20 abril 1959 y su Protocolo de 1978, el CAAS 1990 y el Tratado del Benelux 1962.


CONTENIDO:
v  Regula la práctica de algunas DILIGENCIAS (declaraciones xmd videoconferencia y la intervención de comunicaciones)

v  COMUNICACIÓN DIRECTA de las autoridades de un Estado con los destinatarios de una comunicación judicial que se encuentren en el territorio de otro Estado y la TRANSMISIÓN y EJECUCIÓN DIRECTA por autoridades competentes (sin pasar por una autoridad central)

v  Posibilidad de crear EQUIPOS COMUNES de INVESTIGACIÓN por parte de 2/ varios Estados, incluyendo investigaciones discretas, realizadas con agentes encubiertos.

v  Aplica en las actuaciones de CJP  las NORMAS DEL PAÍS REQUIRENTE y no del Estado que presta la ayuda.
Como excepción, el Protocolo del convenio 20000 de asistencia judicial en materia penal establece medidas relativas a las solicitudes de información sobre transacciones bancarias para luchar contra la delincuencia organizada remitiendo a la legislación del Estado requerido para realizar actos de asistencia judicial.



37.2. EL PRINCIPIO DE RECONOCIMIENTO MUTUO (RM) Y SU DESARROLLO.

ORIGEN El principio de RM tuvo su ORIGEN en problemas surgidos en el mercado único y la libre circulación de mercancías a raíz del CASO CASSIS DE DIJON, resolviendo el tribunal que, cuando no exista legislación armonizada, se deben admitir los productos procedentes de otro estado (si cumplen la normativa del país de origen) suprimiendo así los límites técnicos al comercio.
Esto se trasladó al ámbito penal para promover la libre circulación de resoluciones judiciales en el ámbito de la UE.


CONCEPTO: Mediante el régimen de RM, la resolución dictada por un trib de cualquier Estado de la UE no solo tiene autoridad y produce efectos en su propio territorio, donde ese órgano ejerce su potestad jurisdiccional, sino que tendría EFICACIA DIRECTA en el Estado en donde deba cumplirse (cuyas autoridades se habrían de limitar a reconocerla y ejecutarla).


DESARROLLO: en los Consejos Europeos de CARDIFF (1998) y TAMPERE (1999) se consagró el principio de RM.
Ahora bien, la 1ª de las disposiciones que aplicó dicho principio en materia penal fue la DECISIÓN MARCO 2002/584/JAI, del consejo, 13 junio  2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre los Estados miembros. A esta le siguieron las siguientes: 

DECISIÓN MARCO 2003/577/JAI, del Consejo, de 22 julio de 2003, relativa a la ejecución en la UE de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y aseguramiento de pruebas.

DECISIÓN MARCO 2005/214/JAI, del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de RM de sanciones pecuniarias.

DECISIÓN MARCO 2006/783/JAI, del Consejo, 6 octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de RM de resoluciones de decomiso.

DECISIÓN MARCO 2008/841/JAI, del consejo, de 24 de octubre, relativa a la delincuencia organizada

DECISIÓN MARCO 2008/909/JAI, del Consejo, 27 noviembre relativa a la plicación del principio de RM de sentencias por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad.

DECISIÓN MARCO 2008/947/JAI, del consejo, 27 noviembre, relativa  a la aplicación del principio de RM de sentencias y resoluciones de libertad vigilada

DECISIÓN MARCO 2008/978/ JAI, del consejo, de 18 de diciembre, relativa al exhorto europeo de obtención de pruebas para recabar objetos, documentos y datos destinados a procesos penales.

DECISIÓN MARCO 2009/299/JAI, del consejo, de 26 de febrero, para propiciar la aplicación del principio de RM de resoluciones dictadas en juicios celebrados sin comparecencia del acusado.

DECISIÓN MARCO 2009/829/ JAI, del consejo, 23 octubre, relativa a la aplicación del principio de RM a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustitución de la prisión provisional

DIRECTIVA 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del consejo, 13 diciembre 2011, sobre la orden europea de protección.


37.3. LA ORDEN EUROPEA DE ENTREGA Y DETENCIÓN. (OEE&D)

CONCEPTO: RESOLUCIÓN dictada en un Estado miembro de la UE con vistas a la detención y entrega por otro Estado miembro de una persona a la que se reclama para el ejercicio de las acciones penales/ para la ejecución de una pena/ una medida de seguridad privativa de libertad.


El ORGANO COMPETENTE para emitir la orden de detención europea es el JUEZ/ TRIB QUE CONOZCA DE LA CAUSA.
Son competentes para dar cumplimiento a una orden europea emitida por un Juez de otro Estado miembro de la UE los JCInst y la SALA DE LO PENAL DE LA AN.


EMISIÓN: Las autoridades judiciales de emisión españolas podrán dictar una orden europea en los siguiente SUPUESTOS:
·          Con el fin de proceder al ejercicio de ACCIONES PENALES por hechos para los que la ley penal española señale una pena/ una medida de seguridad privativas de libertad cuya duración máxima sea, al menos, 12 meses.
·          Con el fin de proceder al CUMPLIMIENTO DE UNA CONDENA a una pena/ una medida de seguridad no inferior a 4 meses de privación de libertad.


EJECUCIÓN: Recibida una OEE&D por la autoridad competente (JCInstr), este acordará la entrega de la persona reclamada, siempre que:
·         hubiera sido emitida la orden por alquno de los tipos delictivos que, pertenezca a alguna de las categorías de delitos que la propia ley enumera

·         y que dicho delito lleve aparejada una pena/ una medida de seguridad privativa de libertad cuya duración máxima sea , al menos, de 3 años.


PROCEDIMIENTO:
La DETENCIÓN de una persona afectada por una OEE&D se practicará en la forma y con los requisitos y garantías previstos por la LECRIM.

En un plazo máximo de 72 horas tras su detención, será puesta a disposición del JzCInst de la AN, quien la informará de la existencia de la orden europea, su contenido y de los demás derechos que le asisten.

Tal detención será COMUNICADA A LA AUTORIDAD JUDICIAL DE EMISIÓN por el JCInstr.

En el plazo máximo de 72 horas desde que la persona detenida hubiese sido puesto a disposición judicial, se celebrará ante el JCInstr una AUDIENCIA, con asistencia del MF, del abogado de la persona detenida y (en su caso) de un interprete. Rigen las normas de la LECRIM.

En primer lugar se OIRA a la PERSONA DETENIDA sobre la prestación de su consentimiento irrevocable a la entrega.
A)       Si la persona detenida CONSINTIERA SU ENTREGA: se extenderá ACTA comprensiva de ese extremo.
En el acta se hará constar la RENUNCIA a acogerse al PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD  (si se hubiere producido).
En todo caso, el JCInstr comprobará:
·         si el consentimiento a la entrega por parte de la persona detenida:
o     ha sido prestado libremente
o    y con pleno conocimiento de sus consecuencias,
o    en especial, de su carácter irevocable.
·         Del mismo modo procederá respecto de la renuncia a acogerse al principio de especialidad.


B)       SI NO HUBIERE CONSENTIDO: el juez OIRÁ a las partes sobre la concurrencia de causas de denegación o condicionamiento de la entrega. En todo caso se oirá al MF.

En la audiencia podrán proponerse los MEDIOS DE PRUEBA relativos a la concurrencia de causas de de denegación o condicionamiento de dicha entrega.

Si la persona afectada hubiera consentido en ser entregada al Estado de emisión y el MF no advirtiera causas de denegación/ condicionamiento de la entrega, el JCInstr podrá acordar mediante AUTO su entrega al Estado de emisión en el plazo máximo de 10 días a partir de la celebración de la uadiencia y contra él no cabrá recurso alguno.

En los demás supuestos, el JCInstr ELEVARÁ sus actuaciones a la SALA DE LO PENAL DE LA AN , que resolverá mediante AUTO contra el que no cabe RECURSO alguno.



37.4. GARANTÍAS PROCESALES.

PLANTEAMIENTO: El RM supone la SUPRESIÓN del PROCEDIMIENTO del EXEQUÁTUR como requisito previo para el reconocimiento de ejecución de las resoluciones judiciales extranjeras.

Se admite la EQUIVALENCIA de las DECISIONES JUDICIALES provenientes de cualquier Estado miembro asumiendo su eficacia de un modo automático, sin cuestionar el respeto a los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin garantías, pues el RM descansa en la confianza de que el sistema jurídico del resto de los Estados miembros es respetuoso con el contenido absoluto de los DF.


OEE&D Y EL RESPETO DE LAS GARANTÍAS PROCESALES.
Sin embargo, la OEE&D no puede hacerse a costa de los derechos del reclamado.
El articulo 6 del TUE, se remite en esta materia a la Carta de DF, a la que reconoce como parte del derecho de la UE con fuerza vinculante, según reconoció la Declaración 1ª del Tratado de Lisboa, en cuya interpretación toma también en cuenta la doctrina del TEDDHH.
Se refuerza así la protección de los DF y su posibilidad de invocación dentro de la UE.



EL ARTICULO 82.2 DEL TFUE.
“En la medida en que sea necesario para facilitar el RM de las sentencias y resoluciones judiciales y la COOPERACIÓN POLICIAL y JUDICIAL en asuntos penales con dimensión transfronteriza, el Parlamento Europeo y el consejo podrán establecer normas mínimas mediante DIRECTIVAS adoptadas con arreglo al procedimiento legislativo ordinario.

Estas normas mínimas tendrán en cuenta LAS DIFERENCIAS entre las tradiciones y los sistemas jurídicos de los Estados miembros.

Estas normas se referirán a:
·         La ADMISIBILIDAD MUTUA DE PRUEBAS entre los Estados miembros

·         Los DERECHOS de las personas durante el procedimiento penal

·         Los derechos de las VICTIMAS de los delitos.

·         OTROS ELEMENTOS ESPECÍFICOS del procedimiento penal, que el consejo habrá determinado previamente mediante una DECISIÓN. Para la adopción de esta decisión, el Consejo se pronunciará por unanimidad, previa aprobación del Parlamento Europeo.

·         La adopción de las NORMAS MINIMAS contempladas en el presente apartado no impedirá que los Estados miembros mantengan/  instauren un nivel más elevado de protección de las personas.”



PROGRAMA DE ESTOCOLMO DEL CONSEJO EUROPEO DE 10 Y 11 DE DICIMEBRE DE 2009.
Estableció un PLAN DE TRABAJO para el periodo 2010-2014 imponiéndose como objetivo el respeto y la integridad de los derechos y libertades fundamentales, garantizando la seguridad.
De manera que los derechos se respeten en todo el territorio de la UE, que debe considerarse un espacio único a estos efectos.

Destacan las siguientes cuestiones:

-          GARANTÍAS PROCESALES DEL IMPUTADO EN UN PROCESO PENAL: refuerza:
o    Derechos a la TRADUCCIÓN y a la INTERPRETACIÓN
o    Derecho a la INFORMACIÓN sobre derechos e información sobre cargos
o    Derechos al ASESORAMIENTO JURÍDICO y a la JUSTICIA GRATUITA
o    Derecho a la COMUNICACIÓN con los familiares, el empleados y las autoridades consulares.

-          CONSIDERACIÓN DEBIDA  A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS: propugna una mejora genérica de las medidas de apoyo y protección de las mismas.

-          Adecuada PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES manejados en el marco de las investigaciones y procesos penales.



No hay comentarios:

Publicar un comentario